El “dejá vu” de la intervención: El despotismo iletrado

Que la intervención en España va a ser inmediata es cosa cantada. Que muchos de los que se supone que deberían reconducir la situación lo están deseando no se entendería bien si no acudimos a un paralelismo reciente:

En España, todos los gobiernos han privatizado empresas y los sindicatos, fieles a su excelentemente pagada tarea de agitar la calle, han salido siempre a vociferar que “privatizaban las empresas rentables”. Claro.

Cuando una empresa está en situación de monopolio o cuasi-monopolio es difícil dejar de ser rentable: Basta con sumar el dinero que se piensa gastar y, una vez que se sabe eso, poner el precio correspondiente. Habría que ser muy tonto para perder dinero así aunque, por otra parte, el dinero ganado de esta forma no deja de ser una vía de robar al consumidor que paga un precio mucho más caro del que correspondería y que se va en sueldos urdangarinescos y otras gabelas.

Cuando las relaciones entre el poder y la empresa, incluyendo los sindicatos, han llegado a un grado de complejidad e intereses cruzados tal que se hace imposible la ruptura, los distintos gobiernos han optado por dejar que venga alguien de fuera sin compromisos previos y arregle la situación: Ellos no se atrevían a hacerlo.

Llamemos a la empresa a privatizar “Estado” y veremos el paralelismo. Se supone que el Estado, sufragado por todos los ciudadanos, está para servir a éstos pero la realidad es muy distinta: El ciudadano, consumidor forzoso de los servicios del Estado, paga por éstos un precio disparatado pero, salvo que abandone su país, no tiene otra alternativa que hacerlo. El político, en un alarde de creatividad similar al de las empresas privatizadas, ha ido subiendo el precio de los servicios a la vez que retira éstos en calidad y cantidad; al igual que en las empresas antes públicas, se veía primero en qué se iba a gastar el dinero y después se fijaba la cifra de ingresos que, por supuesto, incluye todo tipo de privilegios, corruptelas, duplicidades e ineficiencias.

Cuando una mayoría de los ciudadanos proclaman su hartazgo de la situación y les dicen a los políticos que hagan las cuentas al revés, es decir, que establezcan la cifra de ingresos necesaria tras recortar todo lo que sobra -y es mucho- antes de subir precios y bajar calidades de los servicios, el político se ve pillado por los compromisos establecidos con propios y ajenos. Se prefiere la intervención para tener el recurso de echarle la culpa al de fuera.

La absurda estructura del Estado en España es sobradamente conocida fuera y tener menos conocimiento detallado significa también no verse enmarañado por el detalle e ir al tema central. La intervención está ahí y mucho me equivocaría si no está pactada incluyendo en el pacto la colaboración con quien va a manejar una tijera que no han tenido capacidad para manejar quienes deberían haberlo hecho.

Hace menos de un año, afirmaba que el principal problema de España era que sus dos principales políticos, excluyendo al que lo es por vía dinástica y al que también hay que echarle de comer aparte, tenían un problema: Uno no tenía nada por encima del cuello y otro no tenía nada por debajo de la cintura. Del primero la cosa ha quedado clara para propios y ajenos y respecto del segundo hubo quien, agarrándose a un clavo ardiendo, quiso albergar esperanzas y considerarle una especie de cruce entre el Cid e Isabel la Católica. Desengáñense. No es más que un burócrata indeciso y, eso sí, resentido y maniobrero con los propios.

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