Legalidad y legitimidad: Misma raíz pero significados muy distintos

Que me perdonen los mineros de la “marcha negra” pero no les tengo ninguna simpatía. No puedo tener simpatía por quien ha provocado ya heridos totalmente inocentes -y la cosa podía fácilmente haber ido a mayores- como forma de defender un número exiguo de puestos de trabajo cuyo mantenimiento nos cuesta a todos un riñón.

Sin embargo, algo tan simple como eso y que algunos podemos tenerlo muy claro en términos absolutos deja de estarlo cuando vamos al nivel comparativo. Por ejemplo, la corruptela más popular que existe en España, es decir el PER, se ha mantenido durante décadas y con gobiernos de color distinto siempre con la excusa de que, si no se hacía algo así, Andalucía quedaría despoblada…y ahí ya empezamos con las comparaciones: Si una sangría como el PER se mantiene so pretexto de despoblación ¿no habría motivos idénticos para mantener la minería? ¿O acaso es mentira y es una mera excusa? ¿No será más bien que Andalucía pesa mucho en el cómputo de votos y el PER compra muchos más votos que la ayuda a la minería?

Si los motivos alegados son ciertos, los tratamientos de PER y minería deberían ser muy similares, tanto si se decide mantener ayudas en ambos como si se decide que desaparezcan. Sin embargo, si el tratamiento del PER representa un agravio comparativo lo que es absolutamente sangrante es dónde NO se está dispuesto a recortar bajo ningún concepto, es decir, en los chiringuitos políticos y sindicales, valga la redundancia.

Cada partido que llega al poder, sea central, autonómico o municipal, trata al Boletín Oficial respectivo como su cortijo y lo utiliza para favorecerse a sí mismo y a sus allegados. Sólo en el capítulo de coches oficiales, hablamos de 22.500 que, a un coste promedio de 120.ooo euros/año por todos los conceptos representa “nada más” que 2.700 millones de euros cada año. Cubrir el agujero de Bankia -todavía nadie nos ha explicado por qué hay que cubrirlo con cargo a nuestros bolsillos- va a costar aproximadamente 20.000 millones de euros, cifra que se aproxima mucho a las ayudas a la minería y con la que se puede hacer otro paralelismo interesante: Como al manejar este volumen de cifras, se nos pueden ir los ceros y llega un momento en que los números exceden nuestra capacidad para valorar de qué estamos hablando, resulta que el dinero a meter a Bankia está por encima de  ¡¡¡el 100% del valor de El Corte Inglés!!!

¿Cuánto cuesta mantener mausoleos como la “embajada” de Cataluña en Nueva York o la de Valencia o tantas otras delegaciones, embajadas o embajaditas? ¿Cuánto cuesta mantener las diputaciones y qué sentido tienen si se mantienen las Comunidades Autónomas? ¿Cuántos políticos profesionales tenemos entre diputados nacionales, regionales, miembros de las diputaciones, alcaldes y concejales con sueldo más el ejército de asesores que llevan consigo todos éstos? ¿Cuántos organismos y empresas públicas absolutamente inútiles sin más función que colocar a los afines a costa de todos? La frase “el dinero público no es de nadie” la pronunció Carmen Calvo pero, a la vista de los hechos,  podría firmarla cualquier político profesional. ¿Cuándo llega ahí el recorte? Los que son tan generosos en meter la tijera en lo ajeno, lo que “no es de nadie”, no lo son tanto cuando llega el momento de tocar lo suyo.

Cuando alguien tiene la posibilidad de escribir en un Boletín Oficial, la legalidad está de su parte pero la legitimidad hay que ganársela. Insisto en mi escasa a nula simpatía con la movilización minera y en que no hay ninguna razón válida para que tengan que ser tratados mejor que ningún otro y en que una ruina que hunde 24.000 millones de euros al año (casi 2 veces lo que vale El Corte Inglés) para mantener 5.000 puestos de trabajo -no me hablen de los indirectos porque por ahí se justifica cualquier cosa en uno u otro sentido-  no tiene razón de ser. La legalidad está de parte del Gobierno; la legitimidad estará también de su parte si elimina agravios comparativos y, sobre todo, sus propios insostenibles y sangrantes privilegios.

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Un Comentario

  1. salvadormoros

    José María no puedo estar más de acuerdo contigo, sobre el problema de los políticos profesionales ¿qué te parece esta idea?
    – Parlamentarios o senadores, MÍNIMO 10 años de trabajo en la empresa privada (sí, he dicho privada) y estudios universitarios finalizados (sí, me da igual lo que diga la Constitución sobre igualdad) los dirigentes del país deben ser personas preparadas.

    Con todo esto el que se dedicara a la política sería gente que no la busca como modus vivendi, terminaríamos con esa gente que para ser alguien a los 40 años, debe empezar su carrera a los 20, cuando empieza sus estudios superiores se unen a las juventudes del partido, pasan por concejal de su pueblo, luego en su provincia para llegar a la Comunidad y, si hay suerte, a Madrid… sin haber sentido la presión de la empresa privada, de los resultados y la responsabilidad.

    Un saludo.

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