Crisis política española: Tenían razón los nacionalistas catalanes

Después del reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, algunos nos hemos podido acordar de un comentario salido del ámbito del nacionalismo catalán en el sentido de que si el Estatuto no cabía en la Constitución, lo que habría que cambiar es la Constitución. Pues bien, tenían razón.

La Constitución de 1977 era un edificio que amenazaba ruina por muchos lados y no es el menor de ellos el incumplimiento flagrante de parte de su articulado sin que, al parecer, pase nada por ello. Teóricamente, el Tribunal Constitucional podía haber dado un puñetazo en la mesa e intentar hacer valer la Constitución pero, en lugar de eso, se ha plegado a cuestiones como la relación bilateral entre un Estado y una parte del mismo, lo que plantea cuestiones como la igualdad proclamada por la propia Constitución entre todos los españoles, el tratamiento del catalán, lo que plantea si la libertad de residencia en cualquier parte del territorio no pasa a ser -o sigue siendo- papel mojado o el reparto de los recursos económicos con qué criterios y bajo la decisión de quién. Naturalmente, esto es una disquisición teórica debido al sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que garantiza fidelidad a su adscripción política dejando en la cuneta el criterio propio.

El Partido Popular, la leal oposición como les encanta definirse, después de conseguir cuatro millones de firmas ha decidido abandonar esa batalla con el argumento de que, una vez que el Tribunal Constitucional ha fallado, no tienen nada que decir ni que opinar. Al hacerlo así, olvidan interesadamente puesto que participan en él, el sistema de nombramiento de los magistrados y la contaminación introducida por esa vía. Por cierto, la solución aplicada ahí y en el Consejo General del Poder Judicial no es nueva: Alfonso Guerra, en su época de vicepresidente de Gobierno, proclamó la muerte de Montesquieu señalando que la separación de poderes era absurda y que todos los poderes debían reproducir en su seno las proporciones existentes en el Congreso como producto de las elecciones. Probablemente Alfonso Guerra creyó que era muy original en su propuesta pero tampoco lo era. Ésta fue la forma que utilizó Hitler para, después de ganar unas elecciones, hacerse con el poder absoluto. Los diferentes criterios utilizados en la Fiscalía General del Estado para decidir a quién y por qué persiguen o situaciones como la vivida en Madrid estos días porque el gobierno autonómico no es del mismo color que el del Estado recuerdan demasiado al modelo de organización política hitleriano y a la conducta de las SA o “camisas pardas” antes de la Segunda Guerra Mundial.

La sentencia sobre el Estatuto catalán ha sido un mazazo sobre un edificio que venía ya muy tocado tanto por haber sido hecho con materiales de mala calidad -el acuerdo a cualquier precio y con quien fuera en 1977- como por haber permitido, unas veces con sentencias de magistrados cuyos mecanismos de nombramiento las convierten en dignas de toda sospecha y otras sin ellas, que haya una serie de partes de su articulado que, simplemente, han sido ignoradas. ¿Qué opciones caben?

La soberbia de Aznar en la segunda legislatura junto con su falta de atrevimiento para modificar algunas reglas básicas como las referidas al sistema judicial, al sistema electoral y a los modelos sindical y educativo, trajo a Zapatero. Naturalmente, tampoco podemos olvidar ahí la contribución del 11M del que, al parecer, a nadie le interesa quién y por qué lo organizó a pesar de las escandalosas carencias de la versión oficial. La idiocia, síndrome de Peter Pan de Zapatero o como se le quiera llamar, por su parte, corre el riesgo de traer de vuelta fantasmas que ya creíamos bien enterrados gracias a un difícilmente evitable movimiento pendular motivado por los excesos de todo tipo de un modelo de dictadura sonriente, no exento de una incompetencia sin límites, que no sabemos hasta donde puede conducir al país en su conjunto.

No queda, por todo ello, otro remedio que modificar la Constitución pero, por favor, que no lo hagan éstos y al decir “éstos” no me refiero sólo a los que ocupan el banco azul y sus muy obedientes diputados. Me refiero también a la oposición que ha adoptado el perfil bajo como remedio universal y renuncia a la defensa de cualquier tipo de principio en nombre de una aparente conveniencia electoral. Los nacionalistas catalanes tenían razón: Es necesario cambiar urgentemente la Constitución y sólo entonces se podrán poner las cosas en su sitio. En 1977 parecía que haber estado en contra del dictador confería por sí solo una patente de legitimidad. Hoy sabemos que no, y por mucho que aparezcan luchadores antifranquistas con carácter retroactivo incluyendo a un célebre jefe de informativos de la dictadura y luchador retroactivo contra ella, Franco no estableció un modelo universal sobre cómo son las dictaduras. Hay otros modelos aparentemente más sutiles pero que, de forma inevitable, acaban siendo vistos como tales.

Hay muchas cosas que hacer y el tiempo empieza a apremiar. Ahí van algunas:

  • Separación de poderes: Los jueces y sus órganos de gobierno y, por supuesto, los componentes del Tribunal Constitucional no pueden ser elegidos por los partidos políticos en maniobras de escasa transparencia garantizadas a asegurarse la obediencia. Del mismo modo, funciones como la del Fiscal General del Estado no pueden ser ejercidas por un funcionario nombrado por el gobierno de turno.
  • Cambio del sistema electoral: El sistema electoral actual da la llave de los gobiernos a minorías concentradas geográficamente con los efectos que esto tiene sobre el conjunto, factor que por cierto convirtió en ingobernable a la II República pero, al parecer, los padres de la Constitución habían leído poco acerca de la historia reciente española.
  • Listas electorales abiertas: El representante ha de responder ante sus representados en lugar de hacerlo ante su partido.
  • Definición clara de cuáles son las competencias del gobierno central y cuáles son las de los gobiernos autonómicos.

Habría algunos asuntos más como, por ejemplo, la forma de Estado ya que el supuesto “poder moderador de la Corona” ha mostrado claramente que ni es poder ni modera nada y resulta un elemento oneroso para el Estado del que, al final, sólo se beneficia el “Hola” o similares. Sin embargo, esto y otras cosas entraría ya en el capítulo de temas menores.

Por supuesto, una vez que todas estas modificaciones se hubieran llevado a cabo, todas las leyes contrarias a la nueva Constitución quedan automáticamente abolidas, cosa que le podía suponer bastante trabajo a un nuevo Tribunal Constitucional nombrado con unos criterios distintos de la mera adscripción partidista. Hoy por hoy, parece la única salida: Hacerles caso a los nacionalistas catalanes que, en este asunto, lo vieron más claro que nadie. Cosa distinta es que las modificaciones a realizar sean las que a ellos les gustarían porque se puede ir a la secesión, se puede ir al mantenimiento de un poder central efectivo o se puede ir a un federalismo; todas ellas son opciones válidas pero lo que no cabe son inventos como el “federalismo asimétrico” de Maragall, es decir, tener para sí las ventajas pero no los inconvenientes del modelo como, por ejemplo, asumir la propia responsabilidad fiscal o asumir que si tienen selecciones deportivas en competiciones oficiales, el Barça puede jugar en una liga nacional catalana con destacados componentes como el Palafrugell o el Palamós; en la española no tendría ya lugar.

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