Acción sindical, ley de huelga y criterio de proporcionalidad

Hace ahora 21 años se produjo el naufragio del barco “Casón” frente a las costas gallegas y será por eso que el Parlamento gallego ha decidido otorgar al comité de empresa de la empresa Alúmina Aluminio, afectada por el naufragio en la forma que veremos, un reconocimiento por su actitud: http://www.galiciae.com/nova/8108.html

El homenaje es bastante discutible si se contrastan otras fuentes http://www.elpais.com/articulo/economia/ALUMINA-ALUMINIO_ESPAnOLA/Supremo/admite/despido/comite/empresa/Alumina-Aluminio/elpepieco/19890131elpepieco_2/Tes/ o, simplemente, si se tiene una cierta memoria de lo ocurrido.

El abandono de la fábrica de aluminio provocó unas pérdidas por daños a la maquinaria que provocaron su quiebra inmediata. El derecho a la huelga puede ser constitucional, el abandono sin mirar cuáles puedan ser sus consecuencias no debe serlo. El Gobierno -socialista- de entonces y los tribunales así lo entendieron y hoy parece que quieren enmendarles la plana en el Parlamento gallego.

Si, en aquel momento, un mínimo concepto de proporcionalidad bastaba para señalar como ilegítima la acción que provocó la ruina de la empresa, digan lo que digan los próceres gallegos, hoy resulta mucho más discutible el concepto de proporcionalidad que se quiere aplicar a las movilizaciones colectivas.

En España hay una asignatura pendiente y es la ley de huelga que nadie, por distintos motivos, se atrevió a desarrollar.

En el caso de los partidos de derechas, pensaban que un desarrollo mínimamente restrictivo de tal ley era una invitación a la toma de la calle por los sindicalistas y quisieron evitar la oportunidad; los partidos de izquierdas, por su parte, siempre han visto a los autodenominados sindicatos de clase como su brazo armado y no les venía bien limitar una acción que podía ser favorable a sus intereses en la mayoría de los casos…aunque la situación provocada por el naufragio del Casón se produjo en un momento en que el gobierno del Partido Socialista contaba con el respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso.

Ésa es la situación en que nos encontramos hoy: La ausencia de una ley específica que regule el derecho de huelga da lugar a abusos y a la judicialización de un derecho que debería estar claramente regulado.

Un paso más en la judicialización, en ausencia de ley de huelga,  es la introducción del criterio de proporcionalidad reconocido por el Tribunal Constitucional y que se ve claro en casos extremos como el del Casón pero que puede ser mucho más discutible en otros y, por ser discutible, está sujeto a todo tipo de pleitos.

Está claro que el vandalismo y el sabotaje -que ya la legislación penal trata como delitos- deben quedar fuera de la acción sindical, aunque casos como la huelga de limpieza en el Metro de Madrid donde los heroicos defensores de los trabajadores vertían aceite o volcaban contenedores de basura en las escaleras de acceso parezcan ignorarlo, pero, cuando vamos a la proporcionalidad económica ¿en qué consiste?

¿Cuál es el criterio de proporcionalidad aplicado a un despido que pueda verse como injusto? ¿y a un desacuerdo sobre una subida salarial? ¿el criterio de proporcionalidad se aplica a la facturación o al margen dejados de percibir? ¿se establece alguna proporcionalidad entre el potencial económico de las partes para evitar que sólo los ricos puedan reclamar a los ricos?

No hay nada claro salvo que, en cada caso, se puede acabar en la lotería de los tribunales…y la denominación de lotería no es gratuita ya que, incluso en situaciones donde la ley es mucho más clara, puede haber sentencias sorprendentes ¿qué no ocurrirá en un terreno donde hay una omisión deliberada que dura ya treinta años?

Si era ya urgente una ley de huelga, el criterio de proporcionalidad y la posibilidad de aplicaciones totalmente aberrantes del mismo la convierten en una necesidad de primer orden.

En caso contrario, nos podemos encontrar con una paradoja: La ausencia de una regulación, que no se introdujo por no limitar los desmanes de los amigos o por temor a los enemigos, puede llevar a que el derecho de huelga quede reducido a papel mojado.

 

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