Nuevo episodio de censura a cuenta de la SGAE

http://www.ddooss.org/documentos/sgae_vs_quimera.htm#trebor_escargot

Como en el caso de El Jueves, reproducimos aquí el artículo que ha supuesto una demanda millonaria por parte del lobby favorecido por el Gobierno y llamado SGAE.

Todo Gobierno tiene tendencia a favorecer a los afines y es cierto que son muchos los servicios prestados por los “artistas” al Gobierno actual pero la generosidad a cuenta del bolsillo ajeno -el de todos- es muy cuestionable.

Pretender gravar incluso los CDs en blanco como forma de prevención de la piratería es ya bastante serio. Recomiendo el siguiente análisis del tema:

http://www.enriquedans.com/2007/09/ahora-entiendo-lo-de-artistas-columna-en-libertad-digital.html

pero, aparte de la desvergüenza de favorecer aún más a personajes que, entre otras cosas, se dedican a hacer películas únicamente porque están subvencionadas ya que ni siquiera se estrenan, me surge una duda metafísica:

¿Esto significa que la piratería ya es legal?

Si cuando compro un CD o un DVD virgen ya estoy pagando un impuesto revolucionario, y lo estoy pagando incluso en el caso de que lo que vaya a grabar sea material propio -lo que ocurrirá una inmensa mayoría de las veces- supongo que cuando compre un DVD en el “top-manta” nadie podrá decir nada. Ya he pagado con el soporte ¿pretenden que pague también sobre lo grabado?

El pago de un canon sobre un CD o DVD virgen nos convierte a TODOS en autores ya que, cada vez que estemos grabando, por ejemplo, unas fotos de vacaciones, hemos pagado un canon a unos señores que se supone que nos lo tienen que restituir como autores que somos.

¿Cuál es el mecanismo para reclamar a la SGAE que nos pague el importe que nos corresponde como autores? ¿No hemos publicado? Cierto; tampoco lo han hecho más de la mitad de las películas que se ruedan en España y no se estrenan y, a pesar de ello, se subvencionan.

¿No existe ese mecanismo de reintegro? Pues bien, en tal caso, o se está legitimando la piratería al cobrar el soporte o estamos ante un caso de robo no sólo autorizado sino promovido por el Gobierno.

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