La transición española: Treinta años desde las primeras elecciones democráticas.

Treinta años nos contemplan desde el momento de las primeras elecciones democráticas en España.

 

Ayer fue el día de los parabienes y de felicitarse todos por la transición pero, al margen de otros hechos, fue bastante significativo que el único presidente del Gobierno que estuviera, aparte del actual, fue precisamente el más breve en el puesto.

 

Adolfo Suárez está de antemano disculpado por sus serios problemas de salud pero, aparte de él, los dos presidentes de más peso en la breve historia democrática de España son los ausentes Aznar y González. ¿Fue un asunto de agenda mal organizada o quisieron transmitir algún mensaje con su ausencia?

 

A treinta años vista y después del atracón de felicitaciones y autofelicitaciones, tal vez no esté de más hacer algo de crítica. Cierto es que la crítica debe estar también matizada por la especial situación que se vivía en 1977 pero no es menos cierto que algunos de los problemas actuales vienen de entonces.

 

En 1977 se quiso contentar a todos y, tal vez por eso, se acabó cumpliendo el dicho de que un camello es un caballo diseñado por un comité. Si, en lugar de contentar y aplacar a todos, se hubieran mantenido firmes algunos principios, tal vez ahora no existirían algunos de los problemas que existen.

 

No pretendo ser exhaustivo en la enumeración pero sí me gustaría reflejar algunos de los elementos que mayor coste pueden haber implicado:

 

  • Inocencia en el tratamiento de ETA sólo comparable con la actual: En 1977, amplias capas sociales -y, desde luego, la mayoría de los políticos de la época- entendían que ETA era un movimiento de rebelión contra el franquismo. Establecida la democracia, nada más lógico que darles tratamiento de presos políticos y amnistiar a muchos presos con delitos de sangre. No es coincidencia que, tras esa amnistía, vinieran los denominados años del plomo que fueron los más sangrientos de ETA y dejaron en evidencia que se había confundido por completo la naturaleza del movimiento terrorista.

  • Inocencia en el tratamiento de los nacionalismos: El hecho de haber ejercido de antifranquista parecía en aquellos años que otorgaba un estatuto de lo que sería irónicamente conocido como demócrata de toda la vida. La realidad es que muchos de los partidos implicados en el periodo de transición, muy especialmente los nacionalistas, distaban mucho de comportamientos democráticos y simplemente buscaban parcelas de poder que se les otorgaron graciosamente sin conseguir un mínimo de lealtad en su comportamiento a cambio. Resulta especialmente significativo el caso del PNV que, tras estar en la ponencia constitucional y conseguir que los fueros de Álava se extendiesen a toda el área vasca, acabaron recomendando el voto negativo a la Constitución.

  • Desconocimiento de la historia española: Entre el respeto a las minorías y la dictadura de las minorías existe una considerable distancia. La Segunda República tuvo serios problemas para conseguir gobiernos estables precisamente por la acción de minorías generalmente nacionalistas que imponían sus intereses. Ésta debería haber sido una lección aprendida en 1977 de forma que se hubiera evitado incurrir en el mismo error otorgando una sobrerrepresentación a partidos minoritarios con su voto muy concentrado geográficamente y con un serio impacto sobre un conjunto que no les preocupa en absoluto salvo como lugar de dónde sacar tajadas lo más sustanciosas posibles.

  • No disponer de un modelo de Estado: La indefinición de competencias y cuestiones como el uso del idioma como arma arrojadiza para diferenciarse entre distintos territorios de un mismo Estado sólo pueden atribuirse a que no se tenía -ni se tiene- un modelo definido de Estado. Todo quedó en un nebuloso la Corona como garante que, finalmente, se ha mostrado poco operativo.

  • Establecimiento de la partitocracia: Además de los criterios de representación discutibles, la existencia de listas cerradas acabó convirtiendo a los diputados en funcionarios de su propio partido al que deben el puesto y, con ello, sumisión absoluta. Cuando este mismo modelo se trasladó más adelante, en una clara corrupción no frenada por el Tribunal Constitucional, a las instancias judiciales apareció un fenómeno según el cual los jueces votaban por ganaderías los asuntos más disputados si éstos podían ser objeto de interpretación política.

  • Establecimiento de los sindicatos como mecanismos de representación política: El comportamiento que suelen mostrar los sindicatos autodenominados de clase es bastante expresivo pero, sin duda, desde el ámbito político se introdujo un conjunto de elementos que consagró ese tipo de papel. La devolución del patrimonio sindical a sindicatos que no existían cuando ese patrimonio fue requisado introdujo en sus arcas un dinero que no podían conseguir a través de sus exiguas cifras de afiliación; la utilización de las votaciones sindicales -y no de las cifras de afiliación- como criterio de importancia de los sindicatos iba en esa línea y, dentro de esa utilización, llama especialmente la atención el concepto de sindicatos más representativos que permite que sindicatos con muchos votos en el ámbito general puedan participar en negociaciones en sectores donde su representación sea marginal. Todo ello constituyó un modelo sindical que, en lugar de centrarse en su terreno, acabó siendo el brazo sindical de la actividad política hasta el punto de participar e incluso convocar manifestaciones en temas completamente ajenos a su competencia.

 

Tal vez, en 1977, se pecó de falta de criterio. Todo lo que fuera antifranquista debía ser bienvenido y no hacerlo así implicaba, casi automáticamente, asumir la etiqueta de franquista. Sólo eso puede explicar como algunos partidos nacionalistas con fundadores e idearios claramente nazis pudieron pasar por ese periodo sin que nadie osase criticarlos o recordar su historia. El mismo fenómeno puede aplicarse a algunos abusos sindicales, solo criticables posteriormente cuando aparecieron grandes escándalos económicos pero no antes.

 

1977 fue una etapa de infinitos complejos donde, para determinados asuntos, la ley de la omertá fue una constante y ha permitido medrar de forma indeseable para la democracia a personas e instituciones que un sistema más maduro habría expulsado.

 

Éstas son las sombras principales de una transición que, indudablemente, tuvo también luces que hoy todos se encargan de destacar. Por ello, y para tener una visión más completa, conviene también conocerlas.

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