¿Se pueden pactar deslocalizaciones con sindicatos?

Durante los últimos tiempos, la idea de que las deslocalizaciones tuviera que ser pactada con los sindicatos está apareciendo en distintos medios de comunicación y cobra más fuerza cada vez que aparece algún caso de cierta envergadura como, por ejemplo, Delphi.

Me encuentro entre los que llevan tiempo afirmando que los sindicatos pueden acabar ejerciendo un papel proteccionista imposible de ejercer por los Estados gracias a los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, la idea de una norma en el sentido en que se está proponiendo en los últimos tiempos es sencillamente absurda.

Podría esperarse que un sindicato hiciera una campaña publicitaria contra una empresa que quiere llevarse sus instalaciones productivas y, de esta forma, conseguir que no salgan los números.

Al fin y al cabo, la deslocalización se sustenta sobre una idea simple: Conservar el mercado y rebajar los costes operativos. Si mediante campañas de imagen se consigue romper la primera parte de la ecuación, es posible que haya quien encuentre que le resulta mejor mantener unos costes más altos si, al mismo tiempo, mantiene también un mercado interesante.

Eso es una algo que incluso puede considerarse que entra dentro de la actuación legítima de un sindicato pero…¿pactar deslocalizaciones? ¿cuáles son las contrapartidas? ¿qué interés tiene la empresa que se marcha en pactar cuando no tiene más que hacer el equipaje? ¿qué interés puede tener un sindicato en pactar una pérdida de puestos de trabajo? Sólo se me ocurre una: Contrapartidas para el sindicato en lugar de para los trabajadores que van a perder su empleo.

Desde luego, no hay muchas más opciones. En principio, la empresa que se va quiere deshacer una inversión y no tiene nada que pactar. Si el Estado interfiere y exige el acuerdo con sindicatos ¿cómo obligar a la empresa? Hay dos formas y ninguna es buena:

Primera: Cuando una empresa quiera establecerse en España, exigir un compromiso de que, en caso de retirar sus inversiones, tenga que existir el pacto con los sindicatos.

Segunda: Aprobar una legislación que, en caso de que tal pacto no se alcance, establezca algún tipo de confiscación o sanción que, por su cuantía, pueda considerarse que tiene ese carácter.

Cuando la Junta de Andalucía amenazó a Delphi si se marchaba, quien la llamó al orden no fue ningún miembro de la oposición política sino el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, con un argumento difícil de rebatir: Si ponemos barreras al que se quiere ir, el que esté pensando en venir irá para otro lado.

Éste es el gran argumento en contra de este tipo de pactos pero hay más:

A las empresas ya establecidas y que deseen marcharse, esta intervención del Estado podría obligarlas a entrar en los viejos caminos de la corrupción y a “comprar” el pacto con los sindicatos.

Tanto las que ya están como las que podrían venir no tendrán el menor interés en invertir ni un céntimo más en España.

Puede ser legítimo condicionar la concesión de ayudas a compromisos de permanencia pero no se puede pasar de ahí. Algunas regiones españolas pueden estar empezando a ser un lugar poco atractivo para las inversiones extranjeras gracias, entre otras cosas, a la política.

La consecuencia está siendo la desaparición de un conjunto de empresas que prefieren buscar otros sitios donde sean mejor tratadas como ha dejado en evidencia el caso sangrante de Pescanova, empresa gallega que construye una factoría en Portugal ante las trabas que encuentra en Galicia.

Al tratar de impedir la fuga de empresas por procedimientos como la exigencia del pacto con los sindicatos se estaría provocando al mismo tiempo que los que no están no tengan el menor deseo de acercarse y que los que están busquen subterfugios para reducir su inversión.

Nos guste o no, en España hay una situación complicada que la política, en lugar de suavizar, agrava: Hace años que no somos un país de mano de obra barata y nunca podríamos competir, por ejemplo, con China. Al mismo tiempo, tampoco somos un país que destaque por valor añadido y hay otros países que nos llevan una gran delantera.

¿Qué nos queda? ¿El turismo de sol y playa? Si se quiere conseguir un país competitivo, hay que conseguir un país atractivo tanto para empresas como para profesionales cualificados atrayendo capital tanto financiero como humano.

Si, en lugar de eso, se opta por pretensiones como el pacto con los sindicatos, lo único que se estará haciendo -una vez más- es empeorar la situación y otorgarles una representatividad que las cifras de afiliación dicen a todas luces que es ficticia.

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